La crisis económica en que nos encontramos obliga a replantearnos el modelo de Estado, encarnado en España por un Estado subvencionador donde los principios progresistas, solidarios y de sostenibilidad económica y social en que debería basarse cualquier Estado democrático apenas parecen tenerse en cuenta, como consecuencia de un afianzamiento excesivo de las empresas en las subvenciones públicas. Por otro lado, nuestra sociedad civil ya no percibe relación alguna entre derechos y deberes, y se ha acostumbrado a aceptar como legítimos el fraude laboral y el abuso de los sistemas sanitario, educativo y de asistencia social más allá de los límites de la racionalidad y la sostenibilidad económica. Sin duda, los países tienen derecho a un modelo de Estado del bienestar, pero para que éste pueda sobrevivir en el tiempo debe ser sostenible, es decir, acorde con su capacidad de desarrollo económico. Aplicando este principio a la realidad económica y social de España, el actual Estado subvencionador tal como lo conocemos debe desaparecer cuanto antes o, de lo contrario, acabará con el Estado del bienestar, precisamente cuando la ciudadanía de nuestro país más lo necesita.