En los ochenta, con la globalización económica, se desregularon las economías y se criticó el intervencionismo estatal. El resultado fue más desigualdad y más pobreza. Ahora se pretende dar una vuelta de tuerca más a la liberalización económica: ya no se trata de disminuir las «interferencias» estatales, sino de dinamitarlas mediante los tratados de nueva generación, para que el Estado deje de actuar como resistencia y se ponga al servicio de las élites globales de una vez por todas. Hay quien considera —y existen poderosas evidencias de que realmente es así— que la economía capitalista en su fase actual ha dejado de ser compatible con la democracia, en la medida que su objetivo es que los ciudadanos no puedan tomar decisiones que resulten inconvenientes para su voracidad.